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Denuncia al Gobierno de España por exportar armas a Marruecos

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Denuncia al Gobierno de España por exportar armas a Marruecos en contra de la legislación española y europea

 

 
Denuncia al Gobierno por exportar armas a Marruecos en contra de la legislación española y europea
NOTA DE PRENSA Jueves, 28 de Junio de 2012 
Fotos: AJASÁHARA Y JUSTÍCIA I PAU    
El joven Kaziza, en huelga de hambre días atrás, acompañó a las organizaciones denunciantes AJASAHARA y JUSTICIA I PAU:
“Nos soltaban sus perros por la noche, nos pegaban, nos desnudaban y apagaban las colillas de los cigarros en nuestros cuerpos”
Denuncia al Gobierno por exportar armas a Marruecos en contra de la legislación española y europea, que prohíbe estas ventas a países que violan los Derechos Humanos
“A los saharauis se les está torturando como demuestran los informes aportados en la denuncia”, alegó el presidente de AJASAHARA
“Queremos que España detenga la venta de armamento a Marruecos y revoque todas las licencias de exportación de material de defensa y doble uso al reino alauí” declaraba ante la sede del Ministerio de Economía y Competitividad Francisco Serrano, presidente de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara (AJASAHARA), organización que -junto a JUSTICIA I PAU- ha interpuesto esta mañana una demanda administrativa contra dicha institución gubernamental. “España incumple su propia legislación, además del Derecho Internacional”, añadió Serrano, refiriéndose concretamente a la Ley 53/2007 que en su artículo 8 determina que no se puede exportar material de Defensa a países en los que existan indicios racionales de que puede ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad regional; contra el respeto y la dignidad del ser humano; con fines de represión interna o en situaciones de vulneración de Derechos Humanos’; y también a la Posición Común 2008/944/PESC de la Unión Europea que impide estas transacciones a estados en los que existen tensiones o conflictos internos y donde no se respetan los Derechos Humanos.
Según las estadísticas de exportación 2011 publicadas por la Secretaría de Estado de Comercio, España envío a Marruecos aeronaves valoradas en 1.529.901 euros y material de doble uso por importe de 1.580.858. Además, autorizó la exportación de material de defensa -en la categoría de bombas, torpedos, cohetes, misiles- y otras tecnologías de doble uso por un valor de 2.352.444 euros.
A pesar de que en 2011, el Gobierno español había acordado oficialmente la suspensión temporal de cualquier exportación de armas a países del Norte de África envueltos en las revueltas de la primavera, permitió el envió de material de defensa y doble uso al Reino de Marruecos como se refleja en las Estadísticas de Exportación. Esta violación de la posición oficial, que llevó a la suspensión de la venta de armas a Libia, Túnez y Egipto, y a una revisión exhaustiva tras el fin de la suspensión de las exportaciones acordadas en años anteriores para estos países, también forma parte de la base de la denuncia.
Fotografías de un vehículo blindado de fabricación española, un VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctica) de fabricación española, apostado en la puerta de un colegio en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, es otro de los documentos aportados por los denunciantes. Concretamente, en este sentido, se pide al Ministerio de Economía y Competitividad que requiera información al Ministerio de Defensa sobre si los vehículos que aparecen en las imágenes son los que España ha vendido a Marruecos, tal y como consta en las estadísticas oficiales del Ministerio de Comercio del año 2008 (1.015 vehículos y camiones militares) y 2009 (286 vehículos todo-terreno).
El presidente de AJASAHARA ha destacado que “la situación de conflicto e inestabilidad interna en Marruecos y en el Sahara son evidentes, con una escala de violencia desde los sucesos de Gdeim Izik en 2010”. Sobre esta realidad –apuntó-, habla el informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, doc. SC/2012/197 de fecha 5 de abril de 2012, donde se informa de las sucesivas violaciones del alto al fuego cometidas por el Real Ejército de Marruecos y registradas por la MINURSO (Misión de Nacionales Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental).
Las torturas cometidas por las fuerzas de seguridad y el Ejército marroquí en el Sáhara Occidental “también están documentadas” –según palabras de Serrano y el propio texto de la denuncia- en los informes sobre Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy,  Freedom House,  el Parlamento Europeo, el Consejo General de la Abogacía, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Tortura, estos últimos dependientes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH). "A los saharauis se les está torturando", subrayó Serrano mientras miraba al joven Lafkir Haziza que lo acompañó durante la presentación de la denuncia en el Registro General del Ministerio.
Lafkir Kaziza tiene 21 años. Una huelga de hambre de 15 días, en la que pedía justicia para los presos políticos saharauis, le llevó al hospital. Precisamente está en España, donde ha llegado desde El Aaiún para ser atendido de urgencia porque está a punto de perder el brazo derecho debido a los golpes que recibió en el hombro con un fusil. Tras su participación en el campamento de Gdeim Izik, el detonante de la primavera árabe según Noam Chomsky y otros analistas, fue encarcelado por las fuerzas marroquíes. Allí alega que fue torturado: “Nos soltaban sus perros por la noche, nos pegaban, nos desnudaban y apagaban las colillas de los cigarros en nuestros cuerpos”. Sus informes médicos así lo acreditan. “En el Sahara Occidental, también en Marruecos, la población es torturada. Vivimos bajo un régimen de terror y represión. La gente es detenida, desaparecida, apaleada. Sus derechos son violados continuamente”. Según Gali Abdelfatá, secretario general de la UJSARIO presente en el acto, cuando Kaziza estaba en huelga de hambre en España “la seguridad marroquí primero intentó sobornar a su familia y luego la amenazó con hacerlo desaparecer si volvía a El Aaiún”.
También acompañaban a Kaziza y a los denunciantes, el presidente de CEAS-Sahara (Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara), José Taboada, y el diputado de la Asamblea de Madrid por IU, Mauricio Valiente. Taboada señaló que seguirán insistiendo en sus reclamaciones para que España no venda armas a Marruecos (esta es la tercera denuncia que se presenta con la concurrencia de más de doce asociaciones de Derechos Humanos), “confiamos en las promesas que nos hizo el PP en la oposición de que iba a hacer una política de principios y no de intereses y de comercio, aunque estamos sorprendidos porque nos dijeron que iba a ser diferentes al gobierno de Zapatero y por ahora están haciendo las cosas igual o peor”. Por su parte, Mauricio Valiente, afirmó que España no puede permitirse vender material bélico (en 2011 nuestro país ocupó el puesto 7º en el ranking de exportadores de armas) a países que violan los Derechos Humanos, haciendo hincapié en Marruecos, y dijo que seguirán trabajando para impedirlo, refiriéndose a la Proposición no de Ley sobre esta cuestión rechazada ayer por la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados con los votos en contra del PP.

Representantes de las asociaciones, a la puertas de Ministerio de Economía.
En 2011 autorizó la exportación de material de defensa por 2.352.444 euros
Aseguran que incumplen las leyes españolas en casos de países en conflicto
Víctimas de Gdeim Izik afirman que les detenían con esposas 'made in Spain'
EL MUNDO  Raquel Quílez | Madrid, jueves 28/06/2012
Representantes de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara (Ajasahara) y Justicia i Pau han presentando una denuncia administrativa ante el Ministerio de Economía contra la venta de armas del Gobierno español a Marruecos, limitada por la normativa que impide este tipo de transacciones a países en los que existen conflictos internos y no se respetan los Derechos Humanos.
Alegan que, en 2011, el Gobierno permitió el envío a Marruecos de aeronaves valoradas en 1.529.901 euros y material de doble uso por importe de 1.580.858. Además, autorizó la exportación de material de defensa -en la categoría de bombas, torpedos, cohetes, misiles- y otras tecnologías de doble uso por un valor de 2.352.444 euros, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Estado de Comercio.
Y eso, cuando existe un conflicto abierto en el Sáhara Occidental y tanto la ONU como el Parlamento Europeo y diversas ONG vienen denunciando sistemáticamente las violaciones de Derechos Humanos de los saharauis que viven en la zona. Es lo que argumentan las asociaciones, que consideran que la venta de armas a Marruecos es contraria a la normativa legal en España. En concreto, a la Ley 53/2007, que en su artículo 8 determina que no se puede exportar material de Defensa en los casos en que existan "indicios racionales de que puede ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad regional; contra el respeto y la dignidad del ser humano; con fines de represión interna o en situaciones de vulneración de Derechos Humanos".
Para justificar que todo eso ocurre en el Sáhara Occidental, las asociaciones adjuntan documentos como el Informe Anual del Secretario General de Naciones Unidas de abril de 1012, que certifica la actividad sobre el terreno mediante la MINURSO, la misión de paz en la zona, y denuncia la construcción de torres de vigilancia, nuevos tramos de muro y la prolongación de los que ya existen para aislar a los saharauis. "Constata cómo coincidiendo con el periodo en que España autoriza armas a Marruecos, el Ejército marroquí comete infracciones al alto el fuego -pactado en 1991- y al Derecho Internacional", afirma Francisco Serrano, representante de Ajasahara.
Esposas 'made in Spain'
Todo este proceso tiene víctimas de carne y hueso. Víctimas como Lafkir Kaziza, un joven saharaui de 22 años detenido durante el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik en noviembre de 2010 y golpeado con un fusil que le ha dejado el brazo inmovilizado. Kaziza cuenta que permanecio en prisión durante 25 días, sometido a torturas constantes: "Nos soltaban perros por la noche, nos pegaban, nos desnudaban y apagaban colillas en nuestros cuerpos o nos hacían 'el pollo asado', una técnica que consiste en colgarte de una barra atado de pies y manos mientras te someten a fuertes corrientes de aire". Kaziza asegura que la tensión ha aumentado notablemente en El Aaiún desde las revueltas de Gdeim Izik. "Mi casa está en permanente vigilancia y han pegado a mi madre. Los saharauis ni siquiera pueden juntarse en la calle. Hay torturas, detenciones, desapariciones...", cuenta. Él ha conseguido venir a España porque un médico certificó que necesitaba ser intervenido en el brazo y, durante 15 días, se ha sometidoo a una huelga de hambre para denunciar la situación de los presos políticos saharauis.
Las asociaciones que presentan la denuncia consideran que las Fuerzas de Seguridad marroquí utilizan el material vendido por España en estos actos de represión. "Es lógico que las usen donde tienen el conflicto abierto", dicen. Kaziza, por su parte, cuenta que muchos de sus compañeros fueron detenidos con esposas en las que se leía 'Made in Spain'. "En vez de permanecer neutral en el conflicto, España está armando al agresor, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas, que consideran al Sáhara Occidental un territorio en proceso de descolonización ocupado ilegalmente", afirma Serrano. Por eso, piden que se paralice la exportación de armas y que el Ministerio de Economía revoque las autorizaciones existentes.
Recuerda además, la "rápida reacción del Gobierno ante las revueltas árabes, cuando suspendieron temporalmente la autorización de exportación de material de Defensa a los países de Oriente Próximo y el norte de África en los que se estuviesen produciendo revueltas". Así se revocaron licencias a Libia y se revisaron las acordadas con Túnez y Egipto y aunque la suspensión se levantó en mayo de 2011, se acordó que las nuevas solicitudes quedaran sometidas a un escrutinio especial. Extremo que exigen también para Marruecos.

 

Justícia i Pau y Juristas Andaluces por el Sáhara exhiben una fotografía de un blindado de fabricación española apostado en un colegio saharai
MADRID, 28 de junio de 2012. (EUROPA PRESS) -  La organización no gubernamental Justícia i Pau y la Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara (AJASÁHARA) han presentado una denuncia "administrativa" ante el Ministerio de Economía y Competitividad en la que exigen que el Gobierno español detenga la venta de armamento a Marruecos y revoque todas las licencias de exportación de material de defensa y doble uso al país vecino por las "torturas" a saharauis en la antigua colonia española.
Las dos organizaciones que han presentado la denuncia este jueves por la mañana en el Registro de la sede en Madrid del departamento que dirige Luis de Guindos han exhibido ante la prensa una imagen en la que se puede apreciar con nitidez la presencia de vehículo blindado de fabricación española, un VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctica) de la empresa española UROVESA, apostado en la puerta de un colegio en el Sáhara occidental.
El blindado VAMTAC aparece estacionado junto a otros dos vehículos militares y un camión del Ejército acompañados por efectivos uniformados y con cascos similares a los de agentes especializados en misiones antidisturbios. Este modelo de blindado ha sido utilizado por las Fuerzas Armadas españolas en sus misiones de mantenimiento de la paz en el exterior y está siendo relevado por el nuevo blindado de alta resistencia contra minas Lince, fabricado por IVECO.
Según han explicado los promotores de la denuncia, la fotografía está incluida en las dos denuncias que han registrado AJASÁHARA y Justicia i Pau en el Ministerio de Economía y Competividad, que es del departamento del que depende la Dirección de Comercio Exterior, el órgano que autoriza en última instancia las exportaciones de material de defensa y doble uso.
El presidente de AJASÁHARA, el abogado Francisco Serrano, ha explicado a la prensa que el objetivo de las denuncias es "paralizar" la venta de armas a Marruecos y "revocar" las licencias ya concedidas para la exportación de armamento al país vecino por las "torturas" que las fuerzas de seguridad y los militares marroquíes infligen a los saharauis.
El argumento principal de los dos escritos es que España no puede seguir vendiendo armas al país vecino porque, al hacerlo, contraviene su propia legislación, en concreto la Ley de Control de Comercio de Armas, que prohíbe expresamente las exportaciones de material de defensa y tecnologíias de doble usos a países que cometene violaciones de Derechos Humanos.
Serrano ha subrayado que las "torturas" cometidas por las fuerzas de seguridad y el Ejército marroquí en el Sáhara occidental están "documentadas" en los informes de Amnistía Internacional, el Consejo General de la Abogacía y del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. "A los saharuis se les está torturando", ha subrayado Serrano, antes de incidir en que Marruecos ha sido el responsable de "torturas", "agresiones", "desapariciones" y "muertes" de civiles saharauis en la antigua colonia española.
MISILES, BOMBAS Y TORPEDOS
El presidente de AJASÁHARA ha explicado que su asociación está estudiando solicitar la colaboración de los grupos parlamentarios en el Congreso para poder determinar con exactitud el armamento exportado por España a Marruecos en 2011 y ha asegurado que entre los artículos "vendidos" al país vecino figuran "misiles, bombas y torpedos".
Al acto de presentación de las dos denuncias han asistido dos saharauis, Lakfir Kaziza, que se identificado como "expreso político saharaui" y que tiene un brazo herido por las "torturas" de militares y policías marroquíes, y Brahim Gali Abdelfatá, representante de la asociación juvenil saharaui UJSARIO.
Kaziza ha explicado que primero fue "torturado" por militares del Ejército marroquí y después sufrió las agresiones de agentes de Policía, lo que ha dejado con un brazo completamente inmovilizado y que no sabe si podrá recuperar.
Por su parte, Gali Abdelfatá ha asegurado que la comunidad internacional debe comprender el sentido de la Primavera Árabe y ha remarcado que los jóvenes saharauis han interpretado este fenómeno como la oportunidad real para que "la juventud decida el derecho y el futuro del pueblo saharaui", ante las "violación constante de Derechos Humanos" perpetrada por Marruecos en la antigua colonia española.

 

 

 
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